"Hace unos años, cuando la Ley de Dependencia echó a andar, los
expedientes de los ciudadanos llenaban bolsas y bolsas que la gerente de
Servicios Sociales de Castilla y León se llevaba a su casa cada noche
para firmar uno a uno.
Milagros Marcos, que tras las últimas elecciones
ascendió a consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
región, todavía mueve la cabeza con incredulidad al recordarlo.
La Ley de Dependencia era entonces una aventura y nadie tenía las
claves para que funcionara con agilidad y éxito. A ciegas, como les
ocurría a todos, en Castilla y León debieron tocar algunas teclas
adecuadas: la última evaluación del Observatorio de la Dependencia le ha
concedido un sobresaliente (10).
Eso significa que la burocracia se ha
simplificado acortando plazos para recibir la ayuda; que los criterios
económicos y técnicos para la gestión se han unificado en todo el
territorio y la ley rueda en el mismo engranaje del resto de los
servicios sociales, como una ventanilla única.
“Esta es una de las
claves”, cita el gerente de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, “que toda
la dependencia pivota sobre los servicios sociales de los
Ayuntamientos, esa colaboración es básica”, asegura. Un mecanismo
engrasado al que muchas comunidades ni se acercan, y teniendo en cuenta
que Castilla y León es la región más extensa, con mucha población rural,
envejecida y tremendamente dispersa. (...)
El sistema informático es otro de los elementos del éxito. Manejan
una aplicación propia, que ya utilizaban para los servicios sociales
básicos y donde han engarzado la dependencia, lo que les permite cruzar
datos.
Cada mañana, las trabajadoras sociales de, por ejemplo, Simancas
(Valladolid), consultan en su oficina las solicitudes de los ciudadanos,
que llegan a sus ordenadores desde la Consejería. Las reciben por orden
cronológico y tienen 60 días para ir al domicilio del solicitante a
valorar su dependencia.
Unequipo mixto, formado por personal de las Administraciones local y
regional, la revisa. Mientras eso ocurre, en la Consejería evalúan la
capacidad económica del solicitante para determinar su aportación.
Si un
ciudadano solicita algunas horas de ayuda a domicilio, un único
organismo analiza su situación económica y el usuario pagará por ellas
igual en Simancas o en Soria, preste quien preste el servicio.
Estos
procedimientos están duplicados y son diversos en muchas comunidades.
También el baremo para definir la situación vital del solicitante es
único para todo. La unificación de criterios y la condensación de los
trámites es la tercera clave del buen funcionamiento.
Prueba de ello es que los castellano-leoneses pueden solicitar la
prestación que prefieran ya en el pliego de la solicitud. Se le
concederá o no, pero en ningún caso tendrán que hacer dos solicitudes.
No pasa en todas las comunidades.
El seguimiento de los beneficiarios que están atendidos en casa es
una de las fases menos avanzadas en todas partes. Castilla y León
también tiene que perfeccionarlo." (El País, 16/04/2012)
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