De acuerdo con el contrato, los agricultores surafricanos tendrán acceso gratuito a las tierras cultivables por un periodo de hasta 90 años. A cambio, Brazzaville consigue una entrada de capital crucial para el desarrollo de las zonas afectadas, que, espera, atraerá inversiones en infraestructuras. La superficie objeto del pacto supone casi una tercera parte del territorio y se distribuye en parcelas de diversa extensión por todo el país.
En los últimos años, los países ricos se han lanzado a un nuevo reparto del continente africano, sobre todo después de la crisis alimentaria de 2007 y la creciente demanda de biocombustibles. Los críticos de este fenómeno lo tachan de neocolonialismo y avisan de que rara vez se tiene en cuenta a los campesinos locales. En la mayoría de las ocasiones los Gobiernos, que nominalmente son los propietarios de las tierras rurales, pactan de espaldas a la población local." (El País, ed. Galicia, Internacional, 15/10/2009, p. 9)
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